Pego lucha para que el Estado afronte el desastre económico por el catastro
12.11.10 – 00:46 – LUCÍA RONDA PEGO.
una sentencia a favor había resultado tan gran problema. En Pego, la anulación de la ponencia de valores catastrales lleva de cabeza a la clase política. Mientras el equipo de gobierno mira la coyuntura con esperanzas de que sea la dirección general del catastro quien asuma las responsabilidades del desastre económico que se avecina (han de devolver a los vecinos unos 7 millones de euros en concepto de IBI cobrado de más), el PP no confía en milagros y advierte que serán las arcas municipales las que apechuguen.
Pero, por mucho que insistan los populares, el ejecutivo no quiere reconocer que esta posibilidad existe y se aferra a la creencia de que «quien ha causado el problema debe de cargar con las consecuencias». En un pleno extraordinario celebrado ayer, el alcalde, Carmelo Ortolá, repitió hasta la saciedad que la sentencia judicial que anula la última ponencia de valores catastrales recoge que el 63% de estos son irreales y que el Catastro cometió un fraude al tasarlos sin un estudio de mercado que lo sostenga.
Ortolá presentó al municipio como una víctima y, aunque reconoció que ha sido la Administración Local la que ha cobrado el IBI mal calculado durante estos años, reiteró que advirtió al Catastro que no pasara los recibos porque era evidente la sobrevaloración.
El PP coincide en que los pegolinos son las víctimas «pero de la mala gestión del ejecutivo local». Acusan al gobierno tripartito de llevar al pueblo «a la quiebra total», señaló el edil Fernando Gil.
Su compañera, Maite Ferrándiz, repasó la historia del catastro, desde que se pidió una revisión hasta ahora. Y la líder popular recaló en un momento clave: cuando desde Hacienda se les remitió un informe con una avance de la ponencia que reflejaba que Pego pasaba de valer 197 millones de euros a nada menos que 762 millones.
«Solo viendo eso ya se intuía algo raro, pero el Ayuntamiento dejó pasar el plazo para presentar un informe desfavorable y eso fue como dar por válida la ponencia», indicó Ferrándiz.
Otro de los flancos en los que el PP centró sus críticas fue en que, pese a que el Ayuntamiento presentó un recurso judicial para anular la ponencia y todos coincidían en que los valores estaban muy por encima de la realidad, el ejecutivo ha gastado todo lo que ha recaudado sin pensar en que, como ahora ocurre, quizás debería devolverlo.
Ferrándiz preguntó de dónde sacarán el dinero para reembolsar los impuestos mal cobrado. «¿Quitareis a los vecinos los servicios que ya han pagado o declararéis en quiebra el Ayuntamiento?» inquirió.
El debate sobre el catastro estuvo salpicado de gritos y abucheos del numeroso público. Sobre todo, cuando el concejal popular Fernando Gil avanzó que el equipo de gobierno tiene previsto hoy mismo subir hasta el máximo permitido por ley el tipo impositivo del IBI y así compensar el descalabro que le supondrá volver a la ponencia de 1990, con valores más bajos y con 3 millones de metros cuadrados que, de nuevo, quedan sin tributar.
El alcalde aclaró que, pese a subir el tipo, los vecinos «pagarán la mitad que ahora en IBI». Por el momento, y mientras se aclara el devenir de los acontecimientos, los vecinos han comenzado a presentar sus hojas de reclamación en el registro. El Consistorio facilitará una «tipo» en que se pide el dinero a la dirección del catastro.
Font:diarioinformacion
Pego exigirá al Ministerio de Hacienda que devuelva el dinero del ´catastrazo´
A. P. F.
Pego está en el limbo tributario desde que los tribunales anularon la ponencia del catastro que ha estado en vigor los últimos tres años. Ayer, en un pleno solicitado por la oposición del PP, hubo mucha bronca por el “catastrazo”, pero poco más. El Gobierno local (Ciutadans de Pego, PSPV y Bloc) rechazó la propuesta de los populares de que el Ayuntamiento reconociera “la obligación legal” de devolver el dinero de IBI cobrado de más a los vecinos en los últimos tres años. La cantidad recaudada asciende a siete millones de euros.
El alcalde, Carmelo Ortolá, insistió en que la administración que debe retornar ese dinero es la que ha metido al pueblo en el atolladero del “catastrazo”. Avanzó que el Ayuntamiento, tras conseguir que se anulara la ponencia, volverá a los tribunales para exigir responsabilidad patrimonial a la Dirección General del Catastro, es decir, al Ministerio de Economía y Hacienda. “Es la administración que ha cometido el error la que ahora debe apechugar”, sostuvo el alcalde.
Pero el PP no tiene nada claro que Hacienda responda por un dinero que ha recaudado y gastado el Ayuntamiento. Los ediles populares Maite Ferrándiz y Fernando Gil acusaron al Gobierno local de no parar con un informe negativo la ponencia de valores antes de que la Dirección General del Catastro la aprobara. “Los vecinos de Pego van a pagar tus imprudencias”, dijo Gil en referencia al alcalde.
El PP ya ha repartido entre los vecinos unos escritos tipos para reclamar que se les devuelva lo que han pagado de más. Ayer, ya empezaron a presentarlos en el registro de entrada del ayuntamiento.
La anulación del “catastrazo” ha provocado un galimatías tributario de complicada solución. Ahora la ponencia que está en vigor es la de 1990, que no cuenta los tres millones de metros cuadrados que incorporó en 2007 la revisión del catastro. Los valores están totalmente desfasados. La portavoz del PP recordó ayer que el catastrazo provocó que “el pueblo de Pego pasara de valer 197 millones de euros a valer 762 millones”. Ahora el camino es al revés. Los valores catastrales están por los suelos.
No se expedienta al enterrador
En el pleno de ayer, el PP también vio como el Gobierno local tumbaba su propuesta de abrir expediente informativo al enterrador municipal Fernando Piera por la agresión denunciada por la portavoz popular, Maite Ferrándiz. El alcalde se excusó en que el funcionario lleva meses de baja y no estaba en horario laboral cuando supuestamente irrumpió de noche en casa de Ferrándiz, la zarandeó, empujó y amenazó. Además, dijo que las medidas disciplinarias del Ayuntamiento se producirían si hay una condena judicial al enterrador por estos hechos. Ferrándiz se mostró disgustada por la indiferencia con la que el Gobierno local se ha tomado la agresión a una concejala.